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El Supremo prohíbe el uso de la vivienda familiar si entra una nueva pareja.

  • Por Abogadas Asociadas Castellana
  • 29 nov, 2018

El progenitor con la custodia de los hijos pierde el derecho a la casa si vive con un tercero pues se entiende no afecta al interés del menor.

El Tribunal Supremo ha establecido que el padre o la madre divorciada que viva en la casa familiar con los hijos menores de ambos pierde el derecho de uso de la vivienda en el momento en el que una nueva pareja pase a vivir de manera estable con ellos.

La sentencia de la Sala Primera del Alto Tribunal viene a confirmar el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Valladolid, y desestima el recurso de la Fiscalía, que entendía que debía prevalecer el interés del menor sobre el de los progenitores.

En el caso de la sentencia, tras el divorcio de una pareja de Valladolid con dos hijos, la madre se quedó a cargo de los menores en la casa familiar, que se había adquirido en régimen de gananciales. Cuando la nueva pareja de la mujer entró a vivir con ellos, el exmarido demandó que se extinguiera el derecho de ella a vivir en ese hogar y que se pasara a liquidar la sociedad de gananciales, una petición que estimó el juzgado de Valladolid y que ahora ha ratificado en casación el Alto Tribunal.

El Supremo considera así que el hecho de que una nueva pareja entre a vivir en el domicilio hace que esa vivienda pierda la condición de “familiar”, aunque en ella sigan viviendo los hijos. “La entrada de una tercera persona en el ámbito sentimental de la esposa [...] hace perder a la vivienda su antigua naturaleza de vivienda familiar por servir en su uso a una familia distinta y diferente”, señala la sentencia recurrida.

El Supremo añade que el derecho a usar la vivienda se mantiene mientras se conserve el “carácter familiar” de la misma y precisa que en este caso ha desaparecido tal condición, “no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio”.

La Sala aclara que con esta interpretación no se niega el derecho de un progenitor a rehacer su vida con otra pareja, sino que lo que se cuestiona es que esa libertad pueda usarse en perjuicio del progenitor que ya no disfruta de la casa.

Para el Supremo, que ya dictaminó en una sentencia anterior que el hecho de tener una nueva pareja tras un divorcio permite revisar las pensiones de alimentos a los menores, viene a reconocer ahora que esta circunstancia también altera sustancialmente las medidas que en un inicio se otorgaron para el disfrute de la vivienda. “Una nueva relación de pareja [...] tiene una evidente influencia en la pensión compensatoria, en el derecho a permanecer en la casa familiar e incluso en el interés de los hijos, desde el momento en que introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente”, argumenta el fallo.

Afirma además que el hecho de que la progenitora ya no pueda usar la vivienda no perjudica a los hijos, tal y como argumentaba la Fiscalía. En un primer momento, la Sala reconoce que debe prevalecer el interés de los menores y que “las circunstancias materiales”, como puede ser en este caso la vivienda, deben ser objeto de valoración para evitar “un factor de riesgo para la estabilidad del niño”.

No obstante, añade que esa estabilidad no solo se consigue manteniendo la vivienda familiar, sino también “dando una respuesta adecuada a los problemas económicos que resulten de la separación”. Por todo ello, y tras insistir en que el interés de los hijos es prioritario, defiende que este “no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos”, y afirma en que el interés “en abstracto” o simplemente especulativo no es suficiente. Así, defiende que la medida no afecta al derecho que tienen los menores a una vivienda, ni les priva de la custodia de su madre, siempre y cuando se les proporcione una vivienda que “cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro”.

Por último, el Supremo recuerda en la sentencia que el carácter ganancial del inmueble facilita otras soluciones económicas que permiten precisamente esa conciliación de intereses como, por ejemplo, que el tercero compre la parte de la casa que le corresponde al que no reside en ella.

LAS RUPTURAS MATRIMONIALES EN ESPAÑALAS RUPTURAS MATRIMONIALES EN ESPAÑA

Un 1,2% más de divorcios. El año pasado se produjeron 97.960 divorcios, un 1,2% más que en 2016. También tuvieron lugar 4.280 separaciones y 100 nulidades, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mutuo acuerdo. La gran mayoría de los divorcios en España se produjeron de mutuo acuerdo (77,2%), mientras que el 22,8% fueron contenciosos.

El 46% tenía hijos menores de edad. Casi la mitad de los matrimonios que se separaron o divorciaron en 2017 tenía hijos menores, y en el 57% de los casos se asignaron pensión alimenticias.

Custodia. En 2017, la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 65% de los casos, y en el 4,4% de los procesos a los padres. En el 30% restante, se optó por una custodia compartida entre ambos progenitores.

16,6 años. En España, los matrimonios se rompen tras una media de 16,6 años. El 33% de los divorcios se produjeron tras más de 20 años de vida en común, y el 21% después de entre cinco y nueve años.


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Los niveles de seguridad, son los que se ha establecido en la propia Ley y Reglamento de Protección de datos, en función de los datos a tratar por la responsable de un fichero, a fin de configurar su grado de seguridad en dicha aplicación, así se han establecido los niveles de seguridad siguientes:

  • Nivel Básico:  Nombre, apellidos, dirección de contacto (tanto física como electrónica), teléfono (tanto fijo como móvil), otros.
  • Nivel Medio:  Además de los anteriores, que contengan datos relativos a comisión de infracciones penales, comisiones infracciones administrativas, contra la Hacienda Pública e informaciones financieras.
  • Nivel Alto:  Además de los anteriores, que contengan datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida.

Dependiendo del nivel de seguridad las empresas deberán disponer y haber tomado unas medidas u otras de seguridad de los soportes en los que contengan los datos indicados, para no incurrir en las infracciones que seguidamente se mencionan.

Por Rosario Merino Martin Toledano 26 nov, 2018

La citada Agencia es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas.

Entre sus funciones más destacadas, además de atender las peticiones y reclamaciones de las personas físicas afectadas, se encuentran las de mantener el registro general, donde se han de inscribir los ficheros de titularidad pública y privada con datos de carácter persona y, si fuera necesario, ejercer la potestad sancionadora sobre los responsables y encargados del tratamiento, en los términos previstos por la ley.

Por otra parte, desde el 26 de junio de 1999 está en vigor el Reglamento de Seguridad (RD 994/99 de 11 de junio) que desarrolla la mencionada ley orgánica y que establece la obligación de las empresas de poner en marcha diversas medidas destinadas a garantizar la protección de dichos datos, afectando a sistemas informáticos, archivos de soportes de almacenamiento, personal, procedimientos operativos, etc.

Es en la AGPD ante quién deberá, todo interesado, que entienda que se ha vulnerado su derecho de protección de sus datos personales, ante quién debe denunciar a la empresa infractora.

Por Rosario Merino Martin Toledano 26 nov, 2018

Datos de carácter personal es cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables, concretando en el apartado g) qué se entiende por datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo.

Por Rosario Merino Martin Toledano 26 nov, 2018

El derecho al olvido o borrado de historial personal en Internet, es el derecho de cualquier persona física o jurídica (empresa) a no figurar en las búsquedas de Internet, en cumplimiento de los derechos de acceso, modificación, rectificación o cancelación de sus datos.

El derecho al olvido es una aplicación íntegra de los derechos de protección de datos personales, incluida imagen, sonido, etc., que el afectado entienda que le produce daños a su imagen  – reputación online – o a su intimidad, como es el caso de cuando una persona ha figurado en un determinado listado con connotaciones peyorativas que vulneran su imagen personal.

Recientemente en mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en contra del buscador Google por incluir datos de un particular que figurando en un registro concreto de carácter personal, se indexó dicho registro y figuraba en las búsquedas de Internet de tal forma que el TJUE ha dictaminado que el buscador Google debía de borrar los datos que contuvieran dicha circunstancia, teniendo el ciudadano derecho a exigir no figura con sus datos personales en las búsquedas que se efectuaran.

Por Rosario Merino Martin Toledano 26 nov, 2018
La Protección de Datos de Carácter Personal
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